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Los datos que ayudan a organizar la atención de millones de pacientes del sistema sanitario británico, las comunicaciones entre los sistemas de mando de la OTAN y el software con el que las Fuerzas Armadas españolas analizan información dependen de la tecnología de una misma empresa estadounidense: Palantir. La compañía no es propietaria de toda esa información. Su poder reside en proporcionar la infraestructura para reunir datos dispersos, relacionarlos y convertirlos en decisiones sanitarias, policiales, empresariales o militares. Una posición que le ha dado acceso a algunas de las funciones más sensibles de los Estados y ha generado dependencias difíciles de romper. Pero el creciente rechazo europeo a la compañía tampoco se explica únicamente por esta dependencia tecnológica. Peter Thiel, cofundador y presidente de Palantir, es uno de los principales aliados empresariales de Donald Trump y una figura vinculada al universo intelectual de la llamada Ilustración Oscura, una corriente neorreaccionaria que cuestiona la democracia liberal. Alex Karp, cofundador y consejero delegado, ha defendido por su parte una visión militarista de la tecnología. A ello se suman los contratos de Palantir con el Pentágono, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos —ICE— y el Ejército israelí. La actividad de la compañía y las posiciones políticas de sus dirigentes han elevado las dudas sobre la conveniencia de confiarle infraestructuras que sostienen la seguridad, la defensa o los servicios públicos europeos. Palantir se ha consolidado dentro del aparato de seguridad estadounidense, pero su desembarco en Europa se ha acelerado al calor de las sucesivas crisis que ha afrontado el continente. La inteligencia interior francesa recurrió a la compañía después de los atentados de París de 2015 y la policía del estado alemán de Hesse adoptó Gotham — la plataforma de Palantir para integrar y analizar grandes cantidades de datos policiales, militares y de inteligencia— en 2017 para combatir el terrorismo islamista. “Es un error explicar el éxito de Palantir centrándonos solo en la tecnología”, sostiene Itxaso Domínguez de Olazábal, asesora de políticas en European Digital Rights (EDRi). Aunque reconoce la potencia de sus herramientas para integrar y analizar grandes cantidades de información, destaca también la apuesta política de la empresa, las relaciones construidas durante años con los gobiernos y su capacidad para ofrecer soluciones ya preparadas en momentos de crisis. Palantir no se limita a vender e instalar un programa. Sus ingenieros se integran en las organizaciones, estudian cómo trabajan, qué información utilizan y qué necesidades tienen para adaptar la plataforma a cada cliente. Darío García de Viedma, investigador en política tecnológica y digital del Real Instituto Elcano, señala a infoLibre que este modelo de “consultoría desplegada” constituye una de sus principales ventajas, ya que sus equipos pueden pasar meses dentro de una oficina o un cuartel diseñando una herramienta específica. “No hay dos clientes de Palantir que usen la misma plataforma”, resume. A medida que el personal aprende a utilizarla y los procedimientos internos pasan a depender de ella, sustituir el sistema se vuelve cada vez más complejo. García de Viedma señala una paradoja: Palantir presenta sus herramientas como una forma de evitar la dependencia de proveedores de modelos de inteligencia artificial como OpenAI o Anthropic, pero termina generando su propia dependencia con los clientes. El alcance de esa relación se observa en el Servicio Nacional de Salud inglés. Un consorcio encabezado por Palantir obtuvo en 2023 el desarrollo de la Federated Data Platform, destinada a conectar hasta 240 hospitales y organismos sanitarios mediante un contrato con un valor máximo de 330 millones de libras durante siete años. En España, el Ministerio de Defensa adjudicó en 2023 a Palantir Technologies Spain un contrato de 16,54 millones de euros para una “solución de fusión y análisis de inteligencia” destinada al Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. La contratación se realizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad, recibió una única oferta y utilizó el precio como único criterio de adjudicación. El caso de Francia es hasta ahora el más paradigmático. La Dirección General de Seguridad Interior contrató a Palantir después de los atentados de París de 2015, pero el Gobierno ha seleccionado ahora a la compañía francesa ChapsVision para sustituirla. Sin embargo, el relevo será gradual y puede prolongarse durante varios años para evitar un vacío operativo. El cambio forma parte de un proyecto impulsado junto a Alemania para construir una “columna vertebral digital soberana” destinada a los servicios europeos de seguridad e inteligencia. Sin embargo, Alemania mantiene una posición contradictoria, ya que varios estados federados utilizan o han utilizado Gotham para el análisis policial, mientras el Gobierno debate su posible extensión a nivel nacional. El Tribunal Constitucional alemán declaró en 2023 inconstitucionales las normas de Hesse y Hamburgo que permitían analizar de manera automatizada grandes cantidades de datos policiales sin límites suficientes. La sentencia no prohíbe Palantir, sino determinadas formas de vigilancia. El conflicto, por tanto, no se reduce al origen estadounidense del proveedor, sino que afecta también al uso que las administraciones hacen de estas herramientas. En España, varios medios señalan que el Gobierno ha pedido a empresas públicas y participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que eviten nuevos acuerdos con Palantir en ámbitos estratégicos. No existe, sin embargo, una prohibición pública ni se ha anunciado la cancelación del contrato vigente con Defensa. Para Lucía Velasco, codirectora del Oxford AI Diplomacy Lab, el creciente rechazo a Palantir responde principalmente a razones estratégicas. Que “funciones tan sensibles como la defensa, la policía o la sanidad dependan de una empresa estadounidense, sometida a su legislación, últimamente imprevisible, parece un factor de riesgo”, sostiene. A su juicio, la soberanía y la dependencia jurídica son los factores que más pesan, aunque el uso de la tecnología de Palantir en conflictos militares, las deportaciones de ICE y las posiciones ideológicas de sus dirigentes han acelerado el rechazo político y social. La Unión Europea tampoco ha aprobado un veto específico. La revisión del Reglamento de Ciberseguridad permitiría considerar de alto riesgo a determinados proveedores por motivos geopolíticos, mientras la futura Ley de Desarrollo de la Nube y la IA plantea exigir propiedad europea e independencia frente a legislaciones extraterritoriales en los servicios más sensibles. Cualquier restricción necesita una justificación jurídica y una alternativa capaz de prestar el mismo servicio, y aquí reside el principal obstáculo europeo. ChapsVision es, por ahora, la alternativa más avanzada. Fundada en Francia en 2019, su plataforma ArgonOS aspira a integrar y analizar información para administraciones, empresas y organismos de inteligencia. Además de sustituir a Palantir en la inteligencia interior francesa, ha conseguido contratos en Alemania y ha despertado el interés de otros países. Francia también impulsa proyectos como Artemis AI y Arcadia, mientras grupos industriales como Thales desarrollan sistemas compatibles con los estándares de la OTAN. Pero Velasco advierte de que “ahora mismo no existe nada comparable a la tecnología de Palantir”, aunque algunos países puedan sustituirla en funciones concretas. El problema, explica, aparece cuando se pretende un reemplazo completo de unos sistemas ya profundamente interconectados. A ello se añade la fragmentación europea. Los países de la UE aumentaron un 20% su gasto en defensa en 2025 respecto al año anterior, pero Velasco recuerda que persisten carencias en innovación y coordinación. Según los datos de la Agencia Europea de Defensa que cita la experta, la inversión en investigación y desarrollo tecnológico continúa por debajo de los objetivos y solo el 24% de las adquisiciones de material se realizan de forma conjunta. Pese a la falta de coordinación, al mismo tiempo está apareciendo una nueva industria europea de tecnología militar. La alemana Helsing, valorada en 18.000 millones de dólares tras su última ronda de financiación, desarrolla inteligencia artificial, drones y sistemas autónomos. Empresas como Quantum Systems, Auterion o la finlandesa NestAI trabajan también en plataformas no tripuladas, redes tácticas y herramientas de mando. Ninguna de ellas constituye todavía un reemplazo directo de Gotham o Foundry. El reto consiste en convertir un ecosistema fragmentado en soluciones interconectadas, capaces de utilizarse en varios países y de competir en contratos públicos dominados durante años por compañías estadounidenses. García de Viedma considera que Europa difícilmente puede competir con Estados Unidos en las tecnologías más costosas, como los grandes modelos de inteligencia artificial, pero sí tiene margen en la capa de software y aplicaciones donde opera Palantir. El investigador señala que ya existen soluciones europeas y de código abierto, aunque todavía les falta escala, experiencia y una relación suficientemente estrecha con los clientes para competir con una empresa que lleva años personalizando sus sistemas para gobiernos y ejércitos. Tampoco basta con que el sustituto tenga su sede en la Unión Europea. El experto del Real Instituto Elcano advierte de que la soberanía tecnológica depende de toda la “pila tecnológica”: los servidores donde funciona el sistema, los chips que utiliza o las herramientas de ciberseguridad que lo protegen. “Conseguir que todas esas capas sean completamente europeas resulta poco realista, por lo que el objetivo debería ser reducir las dependencias capaces de convertirse en un riesgo”, detalla García de Viedma. Domínguez introduce una última cautela. Europa puede desarrollar alternativas, pero la meta no debería ser crear simplemente un clon continental de Palantir. “Si sustituimos una dependencia por otra, habremos cambiado muy poco”, advierte. Una solución verdaderamente soberana debería permitir a las administraciones controlar los datos y la infraestructura, auditar los sistemas y cambiar de proveedor, pero también incorporar garantías democráticas y mecanismos efectivos de supervisión. “La soberanía no puede convertirse en una excusa para hacer aquí exactamente lo mismo que criticamos cuando lo hace una empresa extranjera”, resume Domínguez.

La madrugada del incendio que arrasó la sierra madrileña, Haitam (19 años) llevaba solo tres horas dormido cuando tuvo que abandonar su casa. Su familia y sus vecinos de Colmenar del Arroyo (un pueblo de 2.053 habitantes en la Sierra Oeste, a 53 kilómetros de la capital) fueron evacuados por el humo y las cenizas que ya cubrían el pueblo. Ellos encontraron refugio en Las Rozas, en casa de un amigo de Haitam. Acababan de regresar de un viaje a Cádiz. Llegaron a casa hacia las seis de la madrugada del 24 de julio y apenas pudieron dormir. A las 11 de la mañana, despertaron a Haitam porque el fuego estaba cerca. “Era imposible quedarse”, recuerda. Poco después de que lograran salir, las carreteras quedaron cortadas. El fuego, que la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a calificar como “el peor incendio de la historia de la región”, no alcanzó el casco urbano de Colmenar del Arroyo. Por eso, cuando pudieron volver, todo seguía en pie. Aquellas horas de incertidumbre se suman a la historia de una familia que lleva 30 años construyendo su vida entre Marruecos y España. Hicham, el padre de Haitam, tenía 21 años cuando cruzó a España por Ceuta, la misma frontera por la que, tres décadas después, decenas de miles de personas han vuelto a intentar entrar en busca de un futuro mejor.  Corría 1995 cuando dejó Larache, una ciudad al norte de Marruecos, donde trabajaba como marinero, un oficio que, según recuerda, tenía “pocos derechos”. Su objetivo era llegar a Holanda, pero decidió hacer una parada en Colmenar, donde vivía su hermana. “Mi intención nunca fue quedarme en España”, comenta. Le ofrecieron trabajar unos días en un restaurante para ganar algo de dinero antes de seguir su viaje al centro de Europa. Pero, lo que iba a ser una semana de trabajo, se convirtió en un contrato. Tuvo suerte, el dueño le tramitó los papeles y se quedó allí hasta 1999. Aquella oportunidad le abrió más puertas. “El dueño abrió nuevos locales y me llevó solo a mí con el jefe de cocina”. En 1999 decidió retomar su plan inicial. “Me cansé de España y me fui a Holanda”. A partir de ahí, la vida de Hicham se cuenta entre fogones. Se convirtió en jefe de cocina de un restaurante marroquí hasta 2003, cuando regresó a España porque su antiguo jefe le pidió que volviera tras sufrir un accidente. Después trabajó en El Real Ingenio Chico, en Segovia; en un establecimiento de Los Ángeles de San Rafael y en otro de Alcalá de Henares. En 2009 volvió a Holanda durante seis meses para diseñar la carta de un restaurante español en La Haya; más tarde pasó tres años junto a la mezquita de la M-30 y regresó de nuevo a Holanda entre 2015 y 2018, hasta que sus hijos, ya adolescentes, dejaron claro que no querían mudarse con él. Hicham viajaba de vez en cuando a visitar a su familia a Marruecos, aunque nunca se quedaba más de un mes. Fue en una de esas visitas cuando se casó con su mujer. “En agosto de 2003 me casé y volví a España para arreglarle los papeles a mi esposa”. Karima llegó a España en 2004, embarazada de Adam, el mayor de los tres hermanos. Se habían conocido en Marruecos, donde ella había estudiado Derecho, especializada en procedimiento penal, aunque nunca llegó a ejercer. “Me casé el mismo año que terminé la carrera y no me dio tiempo a nada más”. En España, el idioma y la crianza de los hijos le cerraron la puerta a la convalidación de su título. Los tres hermanos, Adam de 21 años, Haitam de 19 años y Umaima de 16, nacieron ya en España. Haitam describe la casa familiar como un reparto casi exacto entre las dos identidades: “Con mis padres hablamos marroquí, entre hermanos hablamos más español”. La comida, la decoración, los muebles, dice que “son más de Marruecos que de aquí”. Y es que aún hay lazos familiares que les unen, como es la familia de su madre que siguen en Larache, de la parte de Hicham queda aún su madre y algunos hermanos. Hicham y Karima decidieron que preferían criar a sus hijos en un pueblo pequeño antes que en una ciudad como Madrid. “Hay mucho más control que en la ciudad”, sostiene el padre. Haitam lo confirma desde su propia experiencia. “Cuando me cambié de instituto a Las Rozas, allí todo pasaba por el móvil, había que organizar cada quedada con antelación. En el pueblo hay situaciones mucho más espontáneas. Te encuentras con tus amigos al salir de casa”, cuenta. Tras años trabajando en cocinas de España y Holanda, Hicham logró abrir su propio restaurante. Tras cerrar un primer negocio en Navas del Rey, la familia inauguró el Bar Casa Mariano, en Colmenar del Arroyo, en febrero de 2026. El negocio es, al mismo tiempo, el sustento y la ausencia. “Antes, cuando trabajaba en restaurantes ajenos, tenía turnos partidos pero jornadas más previsibles; ahora tener el bar significa estar siempre disponible”, dice Hicham. "En casa pasamos muy poco tiempo", confirma Haitam. Karima ha vivido esa exigencia desde distintos frentes. Durante años trabajó junto a su marido en el bar y, desde hace dos meses, cubre una baja en una residencia de mayores. “Aquí estoy aprendiendo cosas nuevas, como cocinar para muchos comensales”, explica. Además, sigue encargándose de la parte administrativa del negocio, papeles y nóminas, “la parte que a él no le gusta”, dice entre risas. Los tres coinciden también en que nunca han sufrido un episodio de racismo que haya marcado sus vidas. Hicham asegura que siempre se ha sentido “muy acogido”. Karima recuerda que nunca tuvo problemas ni en el colegio de sus hijos ni en sus trabajos, donde ella llevó hiyab con total normalidad. Haitam tampoco habla de discriminación directa, aunque sí de comentarios aislados. “Ese tipo de actitudes las veo más en redes sociales que cara a cara”. Haitam recuerda una frase que su padre les ha repetido desde pequeños: “Yo tengo la excusa de no haber nacido aquí y de aceptar cualquier trabajo, incluso donde me exploten. Vosotros no”.. Karima lo expresa de una forma parecida. “Nosotros trabajamos el doble por ser inmigrantes. Vosotros tenéis que sacar una carrera aquí para vivir mejor”, les repetía. Esa idea marcó la educación de los tres hermanos.  Adam y Haitam cursaron el bachillerato de Excelencia. Hoy, Haitam estudia Ciencia de los Datos Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y este verano compagina la carrera con su primer trabajo. Esa exigencia, admite, no siempre fue fácil. “De pequeños había mucha disciplina. En bachillerato ya nos dejaron a nuestra bola y la presión pasó a ser nuestra”. Adam estudia Comercio y Umaima cursa el bachillerato de Ciencias. “Nunca les he dicho lo qué tienen que estudiar. Solo que hagan algo que les guste y lo saquen adelante” resume Hicham. Las imágenes de Ceuta han removido los recuerdos de Karima. Habla de hospitales donde “aunque tengas dinero, el médico no está” y de aulas de hasta 50 alumnos para explicar por qué tantos jóvenes se juegan la vida en el mar. Pero también les manda un mensaje: “A quienes están pensando en venir les diría que aquí tampoco es fácil: hay que trabajar y luchar”. Hicham lo vive con una emoción distinta. Él cruzó esa misma frontera con poco más de veinte años. Lamenta las muertes y cree que detrás de lo ocurrido “hay una decisión política”. Haitam, que nació ya en España, teme que episodios como este alimenten prejuicios contra quienes, como él, han crecido aquí. “Esos chavales solo quieren cambiar su vida, como quiso hacerlo mi padre”, dice. El mismo sueño que empujó a Hicham a cruzar la frontera por Ceuta hace 30 años sostiene hoy la vida de esta familia en Colmenar del Arroyo. Sus hijos ya no piensan en emigrar, pero sí en continuar el camino que empezaron sus padres: construir su futuro donde nacieron.

Afirma Silvia Intxaurrondo (Barakaldo, 1979) que un periódico es resistencia “cuando es libre”. Eso nos suena a música celestial en la redacción de infoLibre, cuyo lema de un tiempo a esta parte ha pasado a ser, precisamente, ‘Somos resistencia’. Y todavía añade la periodista vizcaína: “Resistir es existir. Es negarse a aceptar que todo está perdido o decidido de antemano. La resistencia es esperanza y una forma sensata de optimismo”. La conductora de La Hora de La 1 considera, asimismo, que un buen periodista debe resistirse contra la opacidad del poder, la velocidad del oficio, la simplificación de la realidad o sus propias certezas, así como “contra el pesimismo y la rendición”. “Cuando alguien nos dice que algo es inevitable, conviene preguntar quién lo ha decidido y a quién beneficia”, plantea, para luego advertir: “Muchas fatalidades tienen autor, presupuesto y gabinete de prensa”. En esta línea, argumenta en conversación con infoLibre que el periodismo resiste en tiempos de desinformación cuando no “machaca” al lector con una sucesión interminable de noticias sin valor real, ni le entrega una “conclusión ya masticada”. Al contrario, apuesta por ofrecerle herramientas para que pueda “comprender una realidad cada vez más confusa”, al tiempo que se le trata “como un partícipe, como un socio, no como un simple consumidor”. Detenerse a pensar y reflexionar como “elemento diferenciador”, en definitiva, algo para lo que no son buenas compañeras esas prisas inherentes al desempeño de la profesión periodística en estos tiempos fugaces en los que parece que todo es la ‘última hora’ de nuestras vidas. “Pero la rapidez ya no distingue a un periodista: cualquiera puede difundir algo en segundos”, recuerda Intxaurrondo, para quien “lo difícil es detenerse, ordenar los hechos y descubrir qué significan”. “Ahí empieza nuestro trabajo”, apostilla. Claro que, como bien sabe y reconoce, esas prisas a las que ya hemos hecho referencia influyen para mal en el ejercicio del periodismo, igualmente aquejado de “falta de medios y precariedad laboral”. “Las noticias desechables son más baratas de producir. Por eso, sabemos poco sobre cosas muy importantes: qué comemos, qué objetivo persigue nuestro sistema educativo o cómo viven las personas mayores que están solas”, destaca. Es por esto último por lo que reconoce que los periodistas tienen “una parte de responsabilidad” en que la sociedad confunda opinión con hechos, ruido con relevancia o cinismo con inteligencia, si bien puntualiza que tampoco deben atribuirse “más poder” del que realmente tienen, ya que “el ruido y el cinismo los producen actores con recursos mucho mayores”. “No somos legisladores ni jueces”, recuerda, para acto seguido apuntar: “Los periodistas solo tenemos un lápiz, una voz y mucha pasión”. Eso sí, lamenta en este punto Intxaurrondo que “se está normalizando que alguien mienta, sea desmentido y siga hablando como si nada”. Y se pone a sí misma como ejemplo en primera persona con un momento televisivo que todos recordamos: “En el debate electoral de 2023, ante millones de ciudadanos, Feijóo soltó un bulo sobre el archivo del gravísimo caso de espionaje Pegasus. Tres años después, sigo esperando que cumpla su promesa y me envíe el teletipo de agencia en el que dijo haberlo leído. Cuando mentir no cuesta nada, la verdad empieza a parecer una extravagancia”. Así las cosas, apuesta por un periodismo que cuente “sin eufemismos” los retrocesos democráticos que ya están produciendo por el empuje de la ultraderecha. A su juicio, hay que “explicar qué derecho se está debilitando, quién lo pierde y quién obtiene poder con esa pérdida”. “No corresponde al periodista sustituir al ciudadano, pero sí hacer ver cómo un retroceso se disfraza de normalidad, de lógica falaz o de simple trámite administrativo”, señala. Y continúa: “Una sociedad mal informada no decide libremente. Solo puede reaccionar desde el miedo, la rabia o el resentimiento. Esa reacción primitiva e irracional es el terreno en el que mejor se mueve la extrema derecha. El buen periodismo introduce hechos, matices y preguntas, y eso dificulta mucho ese mecanismo. El periodismo siempre acaba encontrando una grieta. Es como la marea: a veces sube con fuerza y otras apenas queda un hilo de agua. Incluso en los peores períodos de nuestra historia hubo alguien contando lo que ocurría y alguien aprendiendo a leer entre líneas”. Tras asegurar que la pregunta que los periodistas hacen demasiado poco al poder es “¿quién es usted, aparte de alguien que quiere mandar?”, vuelve a poner el foco en la precariedad como uno de los grandes males de la profesión periodística, ya que “si un periodista teme perder el empleo o no poder pagar el alquiler, no hará falta que nadie le llame para censurarlo y aprende a callarse solo”. Y un “periodista que se autocensura es”, según recalca, “una mente capada, un potencial despreciado”. Para terminar, defiende que un periódico debe ser una “brújula” para sus lectores, puesto que ésta “no elige el camino por ti ni te obliga a seguir una dirección”, sino que “te dice dónde estás y te ayuda a reconocer los caminos que existen”. “Después, decide el lector, que para eso es una persona adulta”, afirma, antes de señalar la encrucijada en la que se encuentra el periodismo en pleno verano de 2026: “Encontrar espacios de libertad para poder ejercer el oficio. Espacios en los que haya tiempo para pensar, recursos para investigar y margen para preguntar sin miedo. Cambian la tecnología y los canales, pero la pelea sigue siendo esencialmente la misma”. “Yo creo que la inteligencia artificial podría convertirse en una gran aliada. El bulo es barato de fabricar, corre muy deprisa y, con las herramientas tradicionales, nos cuesta alcanzarlo. La IA puede ayudarnos a verificar, investigar, revisar nuestros razonamientos y encontrar conexiones que no habíamos visto. El peligro no está en la herramienta, sino en utilizarla sin criterio y sin asumir la responsabilidad por lo que se publica”, remata.

La ley europea de inteligencia artificial alcanza este domingo una de las fechas más importantes de su calendario. Aunque entró en vigor el 1 de agosto de 2024, comienza ahora a aplicarse de forma general. Desde este domingo serán obligatorias las normas que exigen informar a los usuarios cuando interactúan con una máquina o reciben contenidos creados o manipulados con IA. Otras partes ya estaban en marcha: los usos considerados inaceptables están prohibidos desde febrero de 2025 y las primeras reglas para los modelos de IA de uso general rigen desde agosto del año pasado. El despliegue llega, sin embargo, con una protección todavía incompleta. Europa comienza a exigir que los ciudadanos sepan cuándo interviene una máquina, pero ha aplazado los controles sobre las herramientas capaces de condicionar el acceso a un empleo, una prestación pública, un crédito o un permiso migratorio. La Comisión Europea sostiene que los retrasos permitirán reducir cargas para las empresas y evitar inseguridad jurídica mientras se elaboran los estándares técnicos necesarios. Para Anabel Arias, responsable de Derechos Digitales de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, este escenario obliga a rebajar las expectativas. “No es un marco de protección de derechos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), sino una regulación tecnológica”, explica a infoLibre. La norma ordena el desarrollo y el uso de esta tecnología según el peligro que representa, pero no garantiza por sí sola los derechos fundamentales. Una de sus principales fortalezas es que Europa deja de confiar únicamente en los compromisos voluntarios de las empresas y establece obligaciones legales. Prohíbe prácticas como la puntuación social, la manipulación mediante técnicas ocultas, la explotación de las vulnerabilidades de determinados colectivos o algunos usos del reconocimiento biométrico. También prevé controles a los llamados sistemas de alto riesgo, aunque su aplicación se ha aplazado hasta diciembre de 2027. Son aquellos que pueden influir de manera importante en la vida de una persona, por ejemplo, al intervenir en la concesión de un empleo, una plaza educativa, un crédito, una ayuda pública o un permiso de residencia. Estas herramientas deberán cumplir requisitos sobre la calidad de los datos, documentar su funcionamiento, contar con supervisión humana y garantizar unas condiciones mínimas de seguridad. Cristina Puente, ingeniera de inteligencia artificial y profesora de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, considera que esta clasificación busca equilibrar “la mitigación o minimización de las amenazas” con el desarrollo responsable de la tecnología. Frente a una regulación específica para cada nueva herramienta, que podría quedar obsoleta rápidamente, el modelo basado en riesgos ofrece, según la ingeniera, una “gran capacidad de adaptación a los cambios”. Arias valora también la creación de un registro europeo que debería permitir conocer qué herramientas de alto riesgo se emplean, para qué sirven y quién responde por ellas. El problema es que los controles más exigentes solo afectan a una parte de la inteligencia artificial disponible. Los algoritmos que deciden qué publicaciones, recomendaciones o anuncios ve cada usuario pueden reforzar prejuicios, amplificar la desinformación o condicionar el debate público, pero no entran necesariamente en esa categoría. “El enfoque de riesgo es la limitación más estructural del Reglamento”, sostiene Arias. La definición deja margen para distintas interpretaciones y confía en que sean las propias empresas las que clasifiquen correctamente sus productos. La experta señala además las excepciones que permiten determinados usos de la vigilancia biométrica por parte de las fuerzas de seguridad en espacios públicos, una protección menor de la reclamada por las organizaciones de derechos fundamentales. Estas entidades temen que las excepciones faciliten una identificación y un seguimiento más amplios de la ciudadanía y que afecten especialmente a colectivos ya expuestos a discriminación.  Gran parte de las obligaciones para las herramientas de alto riesgo debía comenzar a aplicarse este agosto. No obstante, el Ómnibus de Inteligencia Artificial, incluido en la estrategia de desregulación de la Comisión, ha trasladado la fecha al 2 de diciembre de 2027. Los requisitos para la IA incorporada a productos como juguetes, maquinaria o dispositivos médicos se aplazan también hasta agosto de 2028. Bruselas justifica la demora por la falta de estándares, orientaciones y herramientas técnicas que permitan cumplir la ley con seguridad jurídica. Elisa Gutiérrez García, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y experta en inteligencia artificial y derechos fundamentales, reconoce a infoLibre que estos sistemas son los más complejos de adaptar, por lo que el retraso “puede ser comprensible desde esa perspectiva”. También recuerda que no se debería producir un vacío legal: “El derecho previo sigue siendo de aplicación, incluyendo la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Arias cuestiona que la falta de estándares justifique posponer el conjunto de las obligaciones. La Comisión puede aprobar especificaciones comunes mientras estos se terminan y defiende que medidas como evaluar los riesgos, documentar el funcionamiento o garantizar la supervisión humana no dependen exclusivamente de una norma técnica. “Que no lo haya hecho es también una decisión política”, afirma. “Estamos hablando de sistemas que ya están decidiendo sobre acceso a servicios sociales, procesos migratorios o condiciones laborales. Retrasar las garantías y reducir la transparencia no beneficia a las personas, beneficia a quienes despliegan estos sistemas sin querer rendir cuentas” amplía. El ex eurodiputado socialista Iban García del Blanco, uno de los negociadores de la ley durante la pasada legislatura, tampoco considera que el Ómnibus sea una simple corrección técnica. Aunque reconoce la necesidad de coordinar mejor las diferentes normas y facilitar su cumplimiento, cree que Bruselas ha reabierto un equilibrio legislativo delicado antes de comprobar sus resultados. Resume el giro como “algo de pragmatismo y mucho de claudicación” ante la búsqueda de competitividad tecnológica. Este proceso no sólo afecta a la inteligencia artificial. La misma estrategia de simplificación alcanza también al Reglamento General de Protección de Datos y a la Directiva ePrivacy. Tanto Arias como Del Blanco temen que la competitividad termine utilizándose como argumento para debilitar los límites a la recopilación de datos y al poder de las grandes plataformas. La principal novedad que sí se activa este 2 de agosto se centra en la transparencia. Los proveedores deberán avisar cuando una persona interactúe con un chatbot, un agente virtual o un avatar e incorporar marcas técnicas que permitan detectar contenidos sintéticos. Además, quienes empleen estas herramientas deberán identificar visiblemente los deepfakes y determinados textos creados con IA sobre asuntos de interés público. Para Gutiérrez, estas medidas son “de vital importancia para combatir la desinformación y otros desórdenes informativos”, porque ponen en alerta al destinatario sin imponer limitaciones excesivas que puedan perjudicar la libertad de expresión o el derecho a la información. Puente advierte de que la desinformación no siempre se comparte de forma consciente. Los sistemas de IA pueden ofrecer respuestas falsas o sesgadas con apariencia de veracidad, y los usuarios pueden confiar en ellas sin comprobarlas. “Muchas veces el propio usuario desconocerá que el contenido generado es erróneo y lo puede dar por bueno”, explica. Esa confianza puede hacer que la información falsa termine difundiéndose en redes sociales. Por eso, considera “muy valioso” identificar claramente los contenidos creados o modificados mediante IA.  Una de las principales excepciones afecta a los textos informativos. No tendrán que identificarse cuando hayan pasado por una revisión humana o un control editorial sustantivo y una persona asuma la responsabilidad final. Las directrices de la Comisión aclaran que una simple corrección ortográfica o gramatical no basta, pero será difícil comprobar desde fuera cuánto ha sido creado por IA.  “Es una excepción razonable en teoría, pero en la práctica será difícil de verificar externamente y abre margen a interpretaciones laxas”, advierte Arias. Una empresa, una institución o un partido podrá afirmar que el contenido ha sido revisado, mientras periodistas y ciudadanos carecerán de medios para conocer el proceso real de elaboración. La eficacia de la ley dependerá finalmente de la capacidad para monitorizar y hacerla cumplir. La supervisión se reparte entre la Oficina Europea de Inteligencia Artificial y las autoridades nacionales, pero algunos países todavía no han definido por completo qué organismos asumirán cada competencia, cómo actuarán y de qué recursos dispondrán. En España, el proyecto de ley orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial continúa en la Comisión de Economía del Congreso, con el plazo de enmiendas abierto hasta el 2 de septiembre. La legislación que debe completar el reparto de competencias y el régimen sancionador no estará, por tanto, aprobada cuando comiencen a aplicarse las obligaciones de transparencia. Arias alerta de que una norma común puede ofrecer niveles de protección desiguales si unas autoridades cuentan con equipos capaces de auditar herramientas complejas y otras carecen de recursos, personal especializado o voluntad política para enfrentarse a las grandes compañías tecnológicas. Además, buena parte de la aplicación dependerá de orientaciones, estándares técnicos y códigos voluntarios. Estas herramientas pueden ayudar a las empresas a cumplir la ley, pero no sustituyen una supervisión pública que compruebe si las medidas se aplican realmente.  “Su capacidad para proteger a las personas dependerá en gran medida de cómo interactúe con otras normas y de que las autoridades tengan recursos y voluntad real de hacerlo cumplir”, concluye Arias.

La última excentricidad de Ayuso ha caído como un jarro de agua fría entre los usuarios de redes sociales. Rebobinamos un par de días para contextualizar lo que está pasando: en plena crisis de vivienda, la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de lujo en Chamberí valorado en torno a los seis millones de euros. La explicación oficial es que lo han hecho para celebrar reuniones institucionales de manera provisional mientras se reforma la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. En X y Bluesky, la cosa se puso calentita y no paraban de postear contra esta transacción, al considerar injustificado este gasto. En medio de este caos, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha intentado darle la vuelta al escándalo anunciando que lo va a vender para destinar la recaudación a los incendios. Aun así, la indignación sigue campando en la red valorando esta acción como una "recogida de cable histórica". Además, les acusan de aprovecharse del incendio para sacar rédito político: "Qué rápido ‘rectifican’ cuando se les tambalea la impunidad", valora @Danny_DGR, "Era todo tan limpio que lo vende porque la han pillado", critica @donmitxel-oficial.bsky.social, “Lo que no se puede negar es que Ayuso es un personaje muy mediático. Bueno, más bien ático entero”, se mofa @hankysolo.bsky.social, “A ver cuántos de vosotros vendéis vuestra casa para luchar contra los incendios y el cambio climático”, ironiza @txapucabor. Ahí no acaba la cosa. Otros especulan sobre el fin de Ayuso y la posibilidad de que quieran acabar con ella políticamente, y comparan el caso con el de las cremas de Cristina Cifuentes: “Sería interesante saber qué está pensando la antigua directora del Caro (Cristina Cifuentes) a ella se la cargaron por unas cremas que probablemente no sumaban 200 euros. Ha costado más cargarse a Isabel. Génova no hace prisioneros”, valora @IdafeMartin. Los incendios son el otro tema de la semana (y del verano) y los negacionistas del cambio climático no han tardado en aparecer para quejarse de que “no se pueden coger piñas” en el campo. Los usuarios de redes están respondiendo sin pelos en la lengua y devolviendo el foco a la emergencia climática que representan estos acontecimientos. “Estoy flipando, dice Ayuso que hay demasiada burocracia para limpiar el monte. ¡Pero si los permisos se gestionan en los ayuntamientos o en la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma!”, critica @PatColon. Feijóo ha vuelto a convertirse en diana de las mofas tras una intervención para hablar de los incendios de los últimos días. Los usuarios de X y Bluesky no han dudado en sacarle punta a sus palabras para reírse de él. “Lo de Feijóo en el puesto de mando de Navalcarnero me recuerda a cuando mi padre me dejaba sentarme en su coche, aparcado y sin las llaves puestas, a mover el volante”, valora @Alissonofabitch, “Como bombero forestal, tengo que decir que, efectivamente, lo que ha dicho el señor Feijóo son sandeces y auténticas idioteces”, tuitea @OscarBForestal. No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

Hace algunos meses, Narcodiario contaba en primicia la detención de José El del Buque, considerado en aquel momento el mayor narcotraficante de las Islas Canarias y que, además, fue objetivo de las iras de sus peligrosos socios por un supuesto robo de cocaína. Su caída supuso que las personas de su entorno o relacionadas con él asumiesen las riendas de un negocio criminal con pocos límites en el archipiélago, un lugar privilegiado para el crimen organizado por su situación geográfica, puerta de entrada de Europa tanto desde África como desde América Latina, pero también por su gran colonia extranjera residente que permite el ocultamiento de actividades y el blanqueo de capitales a gran escala. No hay más que ver la acción policial que ofrece en exclusiva este miércoles este periódico, con la incautación de 1.500 kilos de cocaína en una guardería. Así, casi al mismo tiempo que la citada caída de José El del Buque, la Udyco Central y la Udyco de Las Palmas de Gran Canaria iniciaron una investigación sobre varias personas que llevaban años en el radar policial. La principal respondía al alias de Juke, y estaba considerado el máximo exponente de una red narcocriminal con capacidad para recibir hachís desde Marruecos y cocaína desde América Latina, enfriarla y distribuirla ya en el espacio Schengen. A su lado, según consta en las pesquisas de los investigadores, estaría Pedro S., un gran empresario muy bien relacionado en la isla y que incluso se jactaba en redes y en programas de televisión de su espectacular patrimonio, centrado en la adquisición de colecciones únicas en el mundo. Fan acérrimo de David Hasselhoff, actor estadounidense, y en especial de su icónico vehículo, El coche fantástico, contaba no solo con toda clase de elementos relacionados con el mismo, sino con una réplica casi idéntica del automóvil, con todos sus elementos, con un valor difícil de estimar, pues se trata de una pieza única. Este hombre, cuyo patrimonio más destacado fue incautado de forma provisional por la autoridad judicial, también tenía una réplica exacta de la furgoneta del Equipo A, además de una espléndida colección de objetos de Manga y múltiples artículos más que, unidos, componen un auténtico museo personal. Todo ello, piensa la Policía, se obtuvo gracias a las ganancias que llevaba años acumulando a raíz del tráfico de drogas, una actividad que se le presuponía pero que hasta ahora no se había podido acreditar. El último ingrediente de la cúpula de la organización, más allá de los 'trabajadores' que estaban al servicio de todos ellos, era un policía local de Las Palmas de Gran Canaria al que apenas le restaba un mes para jubilarse y que fue cazado con las manos en la masa participando en el último pase de drogas de la organización, muy cerca de la droga y en relación estrecha y cordial con El Juke. Este agente, sostienen los investigadores, no tenía acceso a las investigaciones de la Policía Nacional, pero sí sabía muy bien cuales eran los métodos más seguros para traficar, los lugares con menor vigilancia y, llegado el caso, conocía los momentos en los que se iba a desarrollar una operación, advirtiendo de todo ello a los miembros de la red criminal. El operativo policial, que incluyó la detención de las tres personas citadas y de otras cuatro en seis registros domiciliarios, se desarrolló tras detectarse una de las operaciones de distribución de la organización, en la que los investigados transportaban unos 400 kilogramos de hachís en una furgoneta alquilada con la finalidad de dificultar su detección. A partir de esta actuación se practicaron esas seis entradas y registros autorizados judicialmente en distintos inmuebles y locales comerciales en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana. Como resultado de los registros, se intervinieron más de 300 kilogramos de hachís en el interior de la furgoneta, dos kilogramos de cocaína, dos armas cortas, 55.000 euros en efectivo, ocho vehículos, entre ellos los dos citados del coleccionista, una embarcación semirrígida, una docena de dispositivos móviles y abundante documentación relacionada con la investigación. La investigación continúa abierta bajo la dirección de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de nuevas actuaciones que pudieran derivarse del análisis de las pruebas obtenidas durante la operación. A partir de este momento se inicia la investigación por blanqueo de capitales centrada, especialmente, en el empresario, pero también en el policía local, cuyo tren de vida no se correspondía con su puesto como funcionario municipal.