Durante casi cuatro años, la conocida como ley de nietos apenas ocupó espacio en el debate político impulsado por la derecha. Desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022 y la apertura del procedimiento para que los descendientes de españoles exiliados pudieran solicitar la nacionalidad, ni el Partido Popular ni el ecosistema mediático conservador situaron esta disposición entre sus principales críticas al Gobierno. Esa situación ha cambiado de forma abrupta en las últimas semanas. El giro coincide con la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de incorporar la ley de nietos al discurso político sobre un supuesto riesgo de "ingeniería electoral". A partir de ese momento, numerosos dirigentes populares, portavoces parlamentarios y medios afines comenzaron a cuestionar una norma que durante años apenas había generado contestación pública desde ese espacio político. La nueva ofensiva se produce después de que PP y Vox hayan abierto una estrategia centrada en denunciar un supuesto incremento artificial del censo electoral mediante la concesión de nacionalidades y la regularización extraordinaria de inmigrantes. Feijóo llegó a sostener que el Ejecutivo pretende "fabricar votantes", mientras que Vox elevó aún más el tono calificando el proceso como un supuesto "golpe de Estado en diferido". Sin embargo, el cambio de discurso contrasta con la tramitación parlamentaria de la propia Ley de Memoria Democrática. Durante el debate de la norma, las críticas del Partido Popular y de Vox se concentraron en el contenido ideológico de la ley, al considerar que reabría debates sobre la Guerra Civil, cuestionaba el espíritu de la Transición o imponía, según denunciaban entonces, una determinada interpretación histórica. En ningún momento el eje de la oposición giró sobre el posible impacto electoral de la disposición relativa a la adquisición de la nacionalidad. De hecho, la actividad parlamentaria refleja que el Partido Popular ni siquiera planteó eliminar la denominada ley de nietos. En las enmiendas registradas durante la tramitación, los populares mantuvieron prácticamente intacta la disposición adicional octava y únicamente propusieron modificar una referencia relativa a los motivos del exilio, eliminando la mención expresa a la orientación e identidad sexual. Vox, por su parte, optó por presentar una enmienda de devolución para intentar frenar la tramitación completa del proyecto legislativo. La norma fue finalmente aprobada y, meses después, el Gobierno desarrolló el procedimiento administrativo que permitió iniciar las solicitudes de nacionalidad. Desde entonces y hasta el 30 de abril de 2026, más de 2,5 millones de personas habían solicitado acogerse a este mecanismo y más de 550.000 habían obtenido ya la nacionalidad española, según datos oficiales del Ministerio de la Presidencia. Es precisamente ahora, cuando el PP ha incorporado esta cuestión a su estrategia política, cuando el debate ha pasado a ocupar un lugar central en parte del discurso de la derecha política y mediática. Los populares sostienen que la aplicación práctica de la norma ha ampliado los supuestos inicialmente previstos y reclaman explicaciones sobre el procedimiento seguido por el Ejecutivo. El Gobierno rechaza esas acusaciones y recuerda que tanto la adquisición de...