Estoy en varios grupos de personas con discapacidad y, en todos ellos, hay un silencio absoluto en torno al recorte de más del 50 % en el presupuesto del CONAPDIS para el próximo año. Existe un sentimiento de mezquindad generalizado: “si yo no salgo beneficiado, no me importa lo que pase”, y en estos grupos es algo patente. Yo soy la primera persona en criticar muchísimas cosas del CONAPDIS: tardaron más de un año en darme el dichoso carné de discapacidad y, en una ocasión que intenté solicitar apoyos técnicos, simplemente no califiqué por no estar en el umbral de pobreza extrema. Pero de ahí a pensar que la institución no sirve y desentenderme de lo que le pase, hay un trecho enorme. Puedo molestarme por la burocracia y los atrasos y, al mismo tiempo, entender la importancia vital que tiene la institución para miles de personas que dependen de sus subsidios, residencias y servicios de apoyo. Que yo no reciba una ayuda directa no significa que deba darme igual si a otras personas con discapacidad, en condiciones de altísima vulnerabilidad, les arrebatan lo poco que tienen. He escuchado posturas del tipo: “cierren esa vara y repártannos la plata directamente”, como si las políticas públicas fueran una piñata clientelista al mejor postor o para quien tenga mejores contactos con el gobierno de turno. Tener una discapacidad no te otorga automáticamente conciencia social ni empatía, pero este individualismo egoísta dentro de nuestras propias organizaciones es alarmante. Su silencio cómplice preocupa: prefieren ver cómo cientos de personas quedan desamparadas antes que levantar la voz, todo porque ellos no reciben una tajada. Ese egoísmo no construye comunidad ni defiende derechos. Me queda claro que para este gobierno las personas con discapacidad no somos una prioridad; pero comprobar que tampoco lo somos para los propios colectivos organizados (si no hay un beneficio personal de por medio) es una bofetada todavía más dura.