Entonces, la genial idea del inteligentisimo ministro de hacienda que se maneja nuestro rancho llamado Costa Rica es que cada vez que usted vaya al súper, a la pulpería del barrio o al chino de la esquina a comprar arroz y frijoles, le tenga que dar su cédula al cajero. Este tendría acceso a los datos sensibles de su situación económica reportada en el SINIRUBE y, si usted está por debajo de la línea de pobreza, ahí sí no le cobran el 13% del IVA en la canasta básica. Lo preocupante no es solo la propuesta, que ya de entrada es una absurdidad, sino que ahora cualquier persona tenga acceso a datos sensibles, datos personales y datos privados protegidos por la Ley 8968. Cuando cualquier persona con dos dedos de frente es capaz de darse cuenta de que obligar a las personas a “probar su pobreza” en público para ejercer un beneficio fiscal genera un sesgo de discriminación directa. No entiendo qué le está pasando a la gente que aplaude esta ocurrencia, cuando a todas luces es técnicamente inviable y humanamente denigrante.