Post #3415281
2026-06-26 22:50 UTC
El proyecto exige autorización previa, remuneración y mecanismos de transparencia sobre las obras utilizadas para entrenar sistemas de IA.
En teoría esto protege a los titulares de derechos (lo que, de todos modos, suele significar que las entidades gestoras de derechos cobran, no necesariamente que exista otro tipo de protección). En la práctica también aumenta considerablemente el costo de desarrollar modelos. Y en este sentido, las grandes empresas tecnológicas cuentan con departamentos jurídicos, recursos económicos y capacidad para negociar licencias masivas. En cambio universidades, investigadores, startups y proyectos de software libre difícilmente puedan afrontar esos costos administrativos y legales.
El resultado puede ser exactamente el contrario al buscado, terminando por fortalecer la posición dominante de quienes ya concentran el mercado y dificultando que aparezcan alternativas abiertas o locales.
Replies (1)
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@dmurana@mastodon.uy 2026-06-26 22:53
Si la preocupación es proteger el trabajo intelectual frente a la IA, existen problemas mucho más relevantes que la remuneración derivada del entrenamiento de modelos. Las políticas públicas podrían concentrarse en proteger a los trabajadores frente a procesos de automatización, fortalecer los derechos laborales, garantizar mecanismos de reconversión profesional o analizar formas de gravar actividades altamente automatizadas cuando generan beneficios extraordinarios, entre otras. Pero nada de eso aparece en el proyecto, tiene un enfoque puramente recaudador, y arcaico.